Una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca derogar la ley 18/2013, que otorga a la tauromaquia la categoría de patrimonio cultural, se está perfilando como un tema crucial en la política española. Esta iniciativa, que ha recolectado 664.777 firmas válidas, obliga al Congreso a votar sobre el futuro de la fiesta de los toros. Con un plazo de seis meses para la decisión, los parlamentarios tendrán que pronunciarse, lo que podría determinar el destino de una tradición profundamente enraizada en la cultura española.
La normativa que se pretende anular se ratificó en 2013 y ha sido considerada por muchos como un apoyo a las corridas de toros al ser parte del patrimonio cultural del país. No obstante, una parte significativa de la sociedad y de los políticos opina que su protección limita las capacidades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes deberían tener la autoridad para decidir sobre la realización de estos eventos. Los impulsores de la ILP, un grupo llamado «No Es Mi Cultura», sostienen que la tauromaquia debería ser vista como un espectáculo público común y no como un patrimonio cultural amparado por la Constitución.
Actualmente, las comunidades autónomas tienen la autoridad para regular las ferias taurinas, pero no pueden prohibirlas debido a su estatus de patrimonio cultural. La eliminación de esta protección permitiría a los gobiernos locales prohibir las corridas de toros y otros eventos taurinos si así lo deciden. Esta es la razón por la que la iniciativa ha ganado fuerza en diversas partes del país, especialmente en aquellas regiones donde la tauromaquia es menos popular.
El Congreso ahora deberá decidir si mantiene esta protección cultural o si da un paso hacia la desprotección, lo que abriría la puerta a una prohibición más generalizada de los festejos taurinos. Esta votación se perfila como una batalla política en la que los principales partidos del país se verán obligados a posicionarse. El partido en el poder, el PSOE, ha mantenido una postura ambigua respecto a este tema. Aunque históricamente ha mostrado un respeto por la tauromaquia, ha existido una división interna sobre cómo abordar su futuro. El PSOE ha mostrado apoyo a algunas iniciativas en defensa de la tauromaquia, como la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, pero también ha tomado decisiones controvertidas, como la eliminación de este galardón en 2024.
Por otro lado, el Partido Popular y la extrema derecha se oponen a la iniciativa, defendiendo la protección de la tauromaquia como un aspecto fundamental de la cultura española. Mientras tanto, partidos como Esquerra Republicana y Unidas Podemos han apoyado activamente la prohibición de las corridas de toros y se alinean con aquellos que consideran que la protección de la tauromaquia es un anacronismo.
El éxito de la ILP podría cambiar radicalmente el panorama taurino, permitiendo a las administraciones locales tomar decisiones sobre la celebración de estos eventos. Además, la eliminación de la ley que protege la tauromaquia también afectaría a otros aspectos relacionados, como la financiación pública para la promoción de los festejos taurinos y su inclusión en programas culturales, como el Bono Cultural Joven.
En relación a la práctica del toreo, los datos oficiales revelan una leve caída en la cantidad de eventos en los años recientes. En 2023, se llevaron a cabo 1.474 corridas, comparadas con las 1.546 del año anterior. No obstante, estas estadísticas todavía superan las cifras anteriores a la pandemia, lo que señala que el toreo continúa siendo una tradición vigente en varias zonas del país, especialmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.
