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Desglosando «pérdidas y daños» en negociaciones climáticas

Qué significa “pérdidas y daños” en discusiones climáticas


Pérdidas y daños constituye un eje clave dentro de las negociaciones climáticas internacionales y alude a aquellos efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación ni abordarse por completo a través de la adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como impactos en infraestructuras, merma agrícola o gastos de reconstrucción, así como pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de comunidades, la desaparición de expresiones culturales, la pérdida de biodiversidad y la afectación de derechos territoriales.

Cómo se distingue de mitigación y adaptación

  • Mitigación: acciones orientadas a disminuir la liberación de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global.
  • Adaptación: iniciativas destinadas a minimizar la exposición al riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a efectos previstos, como la construcción de diques, el desarrollo de cultivos más resistentes y la implementación de sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: consecuencias residuales que persisten a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como afectaciones súbitas o irreversibles que no pueden compensarse por completo.

Tipos de pérdidas y daños

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de arrasar la infraestructura en cuestión de horas.
  • Procesos lentos: aumento del nivel del mar, desgaste de las zonas costeras, salinización, sequías prolongadas y una paulatina merma de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: gastos directos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos obligados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y afectaciones sociales profundas.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): alcanzaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en viviendas y cultivos; informes internacionales señalaron vastos grupos desplazados y daños valorados en miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un alto número de fallecidos, arrasó infraestructura esencial y produjo impactos económicos estimados en miles de millones de dólares, además de un prolongado desafío humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): ocasionó la caída de servicios fundamentales y daños calculados en decenas de miles de millones de dólares según diversas evaluaciones; evidenció cómo los fenómenos extremos pueden originar crisis de salud pública y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y reducción de tierra habitable, lo que obliga a planificar reubicaciones tanto nacionales como transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en áreas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías continuas y plagas ligadas al clima reducen los ingresos agrícolas, intensifican la inseguridad alimentaria y estimulan movimientos migratorios.

Contexto global y escenario político

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el debate sobre pérdidas y daños ha estado presente durante años en las negociaciones; en 2013 se estableció el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el fin de articular estudios y asistencia técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países decidieron crear un fondo dedicado a enfrentar pérdidas y daños, destinado sobre todo a respaldar a las naciones en desarrollo que padecen impactos desmedidos. Su implementación requiere fijar la estructura de gobernanza, las fuentes de recursos y los requisitos de acceso.
  • Tensión política: persiste la disputa entre países desarrollados y en desarrollo respecto a si este apoyo debe interpretarse como reparación, compensación o un acto de solidaridad; algunos temen asumir responsabilidades legales mientras otros reclaman justicia climática.

Medición, atribución y valoración

  • Ciencia de atribución: permite determinar hasta qué punto el cambio climático generado por actividades humanas incidió en la recurrencia o intensidad de un evento extremo, ofreciendo sustento para decisiones de financiamiento aun cuando no siempre aporta conclusiones firmes en cada caso.
  • Valoración económica: cuantificar daños directos suele ser relativamente directo (infraestructura, producción), aunque calcular pérdidas no económicas —identidad, expresiones culturales o biodiversidad— presenta mayores complejidades y con frecuencia resulta insuficiente al convertirlas en montos monetarios.
  • Brechas de datos: los países con menor capacidad estadística afrontan barreras para medir impactos y justificar solicitudes de apoyo, lo que incrementa las desigualdades en el acceso a recursos.

Sistemas de respuesta y financiamiento

  • Prevención y reducción del riesgo: fomento de infraestructura más resiliente, planificación territorial adecuada y restauración de ecosistemas clave.
  • Mecanismos de seguro: coberturas nacionales y fondos regionales frente a desastres (por ejemplo, instrumentos activos en el Caribe y el Pacífico) que permiten liberar recursos con rapidez tras eventos extremos.
  • Financiamiento internacional: contribuciones no reembolsables, préstamos en condiciones ventajosas, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en foros globales.
  • Medidas innovadoras: opciones como impuestos al carbono, tarifas para el transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada propuesta genera debates sobre equidad y eficacia.

Retos prácticos y éticos

  • Equidad: los países que menos han aportado al calentamiento suelen enfrentar los efectos más duros; existe un sólido fundamento moral para impulsar transferencias financieras del Norte global hacia el Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la petición de resarcir daños históricos se topa con la renuencia de ciertos Estados a asumir obligaciones legales y económicas.
  • Implementación operativa: es necesario precisar quién podrá utilizar el fondo, cómo se establecerán las prioridades, de qué manera garantizar transparencia y cómo asegurar que los recursos alcancen efectivamente a las comunidades perjudicadas.
  • Pérdidas no asegurables: algunos perjuicios, como la desaparición de territorios insulares o de la identidad cultural, no pueden resolverse únicamente con dinero; requieren respuestas políticas más complejas, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Consejos y propuestas ideales

  • Combinar enfoques: prevención, preparación, seguros y financiamiento a largo plazo para cubrir tanto pérdidas económicas como inversiones en resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incluir a pueblos indígenas y comunidades locales en diseño y ejecución de medidas para asegurar relevancia cultural y efectividad.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y seguimiento del uso de fondos.
  • Soluciones regionales: cooperar en fondos y compras de cobertura regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.

Por Otilia Adame Luevano